Por Marta Denis Valle

El reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, interrumpidas desde el 3 de enero de 1961 por decisión de Washington, trae a la actualidad la historia de las nacionalizaciones en este país de propiedades estadounidenses, realizadas de acuerdo con leyes cubanas.
La primera gran ley del Gobierno revolucionario cubano, la Reforma Agraria, firmada el 17 de mayo de 1959, liquidó la propiedad latifundista de los monopolios extranjeros, principalmente estadounidenses, a tenor con los fundamentos constitucionales contrarios al latifundio.

También reconoció el derecho de los propietarios afectados a la indemnización, según el valor fijado en el amillaramiento municipal anterior al 10 de octubre de 1958, en bonos redimibles denominados "bonos de la Reforma Agraria".

El artículo 90 de la Constitución de la República de 1940, que proscribe el latifundio, nunca fue puesto en ejecución por los gobiernos anteriores a la Revolución Cubana, pues necesitaba leyes complementarias.

La Ley Fundamental de la República, promulgada en febrero de 1959, restauró en esencia la Constitución de 1940, suspendida por la dictadura de Fulgencio Batista, e introdujo cambios correspondientes a la nueva situación del país.

Así otorgó el poder legislativo al Consejo de Ministros y facultades constituyentes, siguiendo lo establecido por las constituciones mambisas de Jimaguayú (1895) y la Yaya (1897).

Estos bonos emitidos por el estado eran amortizables en 20 años, con un interés anual del 4,5 por ciento, pero la Casa Blanca no aceptó esta compensación para las personas naturales y jurídicas que entonces eran ciudadanos estadounidenses.

Solo sus 13 principales latifundios azucareros dominaban aproximadamente 87 mil 213 caballerías de tierra en 1958 (un millón 173 mil 14 hectáreas), el 42,2 por ciento del área total vinculada a la industria azucarera cubana.

Parte de las querellas ocurrieron, precisamente, a la hora de fijar el monto de las indemnizaciones como establecía la ley de acuerdo con el amillaramiento municipal anterior al 10 de octubre de 1958.

Por ejemplo, la United Fruit Company compró al precio de 10 centavos la caballería (13,42 hectáreas); argumentó que el pago de seis millones 150 mil 207 pesos en Bonos de la Reforma Agraria era muy por debajo del valor de las tierras expropiadas y exigía 56 millones 340 mil 519 pesos.

Hubo casos como la Bay Nipe Company de Jersey City que adquirió en cien pesos tres mil 713 caballerías, o sea, 49 mil 828.46 Ha., mediante escritura 193, de abril de 1905, ante un notario de Santiago de Cuba.

En nota diplomática, el entonces secretario de estado de EE.UU., Christian A. Herter, expresó el 12 de junio de 1959 que “el texto de la ley de Reforma Agraria causa una grave preocupación al gobierno de los Estados Unidos con respecto a la suficiencia de las estipulaciones sobre compensación a los ciudadanos norteamericanos”.

En abril de 1960, mediante Resolución No. 2194, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) inició expediente de expropiación contra la poderosa United Fruit Company, que incluía ocho mil 175 caballerías de tierra (109 mil 700 hectáreas), por un valor de seis millones 118 mil 407 pesos.
Ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron, a principios de julio de 1960, la llamada “ley puñal”, que otorgaba poderes al presidente de EE.UU. para rebajar la cuota azucarera cubana en 1961.

En consecuencia, el 6 de julio, el presidente Dwight D. Eisenhower, redujo 700 mil toneladas de la cuota azucarera cubana en el mercado de ese país.
En respuesta, el Consejo de Ministros de Cuba aprobó la Ley número 851 del 6 de julio de 1960, que los cubanos llamaron popularmente Ley Escudo.
En su texto se autorizó cuando se considere conveniente a la defensa del interés nacional, la nacionalización, por vía de expropiación forzosa, de los bienes o empresas propiedad de personas naturales o jurídicas nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica.

También de las empresas en que tengan interés o participan dichas personas, aunque las mismas estén constituidas con arreglo a las leyes cubanas.
Como en el caso de la Reforma Agraria, fue prevista la indemnización correspondiente, en bonos de la República de Cuba.

La nacionalización de 26 empresas estadounidenses, el 6 de agosto de 1960, constituyó la primera de las leyes de nacionalización promulgadas por el Gobierno Revolucionario de Cuba, y tuvo igualmente carácter legal, al ampararse en la Ley 851.

Para ello se contempló la actitud asumida por el Gobierno y Congreso estadounidenses de constante agresión, con fines políticos, a los intereses fundamentales de la economía cubana como fue el caso de la reducción de la cuota azucarera de Cuba en el mercado de ese país.

En los por cuantos se señala también que La Compañía Cubana de Electricidad y la Cuban Telephone Company constituyen un ejemplo típico de monopolio extorsionista y explotador que han succionado y burlado durante largos años la economía de la nación y los intereses del pueblo.

Subraya, asimismo, que las compañías azucareras se apoderaron de las mejores tierras del país al amparo de la Enmienda Platt y las petroleras estafaron de manera continuada a la Nación, cobrando precios de monopolios que significaron la erogación cuantiosa de divisas durante muchos años.
Además desacataron las leyes vigentes y fraguaron un plan de boicot que obligaron a su intervención por el gobierno revolucionario.

Al amparo también de la Ley número 851 de 1960, el 17 de septiembre fue nacionalizada, además, la banca estadounidense radicada en Cuba, The First National City Bank of New York, The First National Bank of Boston y The Chase Manhattan Bank.

Mientras Suiza, Francia, Gran Bretaña y España suscribieron, por separado, acuerdos sobre compensaciones con Cuba, Estados Unidos mantuvo durante años sus reclamaciones desde posiciones de fuerza.

Un año y un mes antes del desembarco de la Brigada mercenaria 2506, ocurrido el 17 de abril de 1961, en Bahía de Cochinos —suelo cubano—, el presidente Eisenhower, ordenó el 17 de marzo de 1960 comenzar el entrenamiento de una fuerza expedicionaria contra Cuba, según expresó después en sus memorias Mis años en la Casa Blanca.