Cuenta Propista

Impuestos
Política fiscal cubana a tono con la actualidad
Por Alberto Corona
La política fiscal cubana estará a partir de este año en sintonía con la actualización del modelo socioeconómico del país, al entrar en vigencia una nueva ley tributaria que complementa su sostenibilidad.
Entre los propósitos de esa legislación, que se aplicará de manera paulatina, está contribuir al incremento sostenido de la eficiencia económica y de los ingresos al presupuesto del Estado.
Ello —según consta en la normativa— tiene como objetivo respaldar gastos públicos y propiciar un equilibrio financiero, tomando en cuenta las peculiaridades del modelo cubano.
De acuerdo con las autoridades, su aplicación tiene en cuenta la capacidad económica de los sujetos obligados a su cumplimiento, así como las características de cada territorio, estableciéndose mayores gravámenes para los ingresos más altos, con el objetivo de proteger a los que menos reciben.
Esto significa que la legislación —compuesta por 19 impuestos, tres tasas e igual número de contribuciones— prevé la redistribución de los ingresos percibidos por sectores con mayor capacidad económica.
A su vez, contempla regímenes especiales y beneficios fiscales que se justifiquen por razones de política económica y social.
En este sentido, en la rama agropecuaria y forestal la carga tributaria será menor con respecto a otros sectores, con el objetivo de crear condiciones financieras favorables para su desempeño y desarrollo, según recoge la ley.
Este régimen especial abarca tanto a los productores individuales como a las entidades de la esfera e introduce un impuesto —contrario a la finalidad recaudadora— por la ociosidad de las tierras.
Con ello se pretende desestimular el desaprovechamiento de las tierras y conducir a su propietario a la explotación en función de la producción.
Por otra parte, la ley contempla la protección al medio ambiente a través del perfeccionamiento y la ampliación de tributos en relación con este tema, a fin de salvaguardar los recursos naturales del país y su compatibilización con el desarrollo económico.
Otro aspecto de la actualizada política fiscal cubana es que ratifica un impuesto que grava los ingresos personales, a ser pagado por los cubanos y extranjeros con residencia permanente en el país por todos los ingresos que generen tanto en el territorio nacional como en el exterior.
Este hecho imponible también abarca a las personas naturales cubanas y extranjeras que no tengan residencia permanente en la Isla, pero que generen ingresos en ella.
Las actividades que comprende —para todos los casos— son el trabajo por cuenta propia, las artísticas, las intelectuales, las manuales o las físicas; las actividades industriales, de prestación de servicios, agrícolas y pecuarias, y la venta de bienes muebles o inmuebles.
También ratifica el salario como uno de los ingresos personales por el cual se tributará, aunque en este caso la disposición no se implementará por el momento, hasta tanto las condiciones económicas y financieras del país lo permitan, de acuerdo con las autoridades.
En tanto, quedan exentos del impuesto por este concepto los ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones y demás prestaciones de la asistencia y la seguridad sociales.
A esa lista se añaden las remesas de ayuda familiar que se reciban del exterior, los intereses bancarios por depósitos en cuentas de ahorro en bancos nacionales y las indemnizaciones pagadas por el seguro.
La aplicación del pago de impuestos como parte de las políticas fiscales de los Estados no es privativa de Cuba; el mismo es aplicable en todo el mundo y constituye la fuente principal de recursos financieros con que cuentan los estados para asumir los gastos que garantizan su sostenibilidad.
En el caso de Cuba, en opinión de economistas, la nueva normativa reviste una gran importancia dado que el Estado socialista ha tenido que movilizar cuantiosos recursos necesarios para respaldar su actividad, a un elevado costo para un país subdesarrollado.
Mantener servicios gratuitos de salud, educación, formación deportiva y cultural, así como de seguridad y asistencia social, entre otros, absorben gran parte de los recursos disponibles, y más cuando se intenta maximizar el bienestar material y social de la población.
A modo de ejemplo, cada año el Estado destina más de la mitad de los gastos corrientes del presupuesto a dichas actividades, concebidas como derechos constitucionales inalienables de todos los cubanos.
De ahí que como complemento para el desarrollo socioeconómico de la Isla, el parlamento aprobara en julio del 2012 la Ley No. 113 del Sistema Tributario, que acompañada de su reglamento, normas y procedimientos, entró en vigencia a partir de este año.