Los 5

 

 

Estados Unidos y los periodistas pagados Por Deisy Francis Mexidor El Gobierno de Estados Unidos mantiene oídos sordos ante el reclamo de revelar los detalles sobre al menos 44 periodistas que fueron pagados en secreto por la Casa Blanca para actuar en perjuicio de cinco cubanos, sometidos a un juicio irregular en la ciudad de Miami en el año 2001.En este mes de octubre la administración del presidente Barack Obama está llamada a cumplir lo ordenado por una Corte federal al Departamento de Estado a partir de una demanda presentada el 5 de junio del 2013 por la Asociación del Fondo a Favor de los Derechos Civiles (Partnership for Civil Justice Fund, PCJF).La Asociación exigió materiales acerca de estos pagos a reporteros de Miami que publicaron antes y durante el juicio contra Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González. Este último cumplió íntegramente su sanción en el 2011 y se encuentra en Cuba luego de un proceso que conllevó a la pérdida de su ciudadanía estadounidense.La abogada Mara Verheyden-Hilliard, directora ejecutiva del PCJF, afirmó que "este es un paso adelante importante", pues son archivos que el Departamento de Estado se rehusaba a divulgar y que "cubren un período crucial para los Cinco Cubanos", según un comunicado que divulgó el Comité Nacional para la Libertad de los Cinco Cubanos a mediados de septiembre.Los abogados del Fondo interpusieron la demanda legal bajo el Acta Libertad de Información (FOIA) contra el Departamento de Estado, porque la entidad gubernamental rechazó dar a conocer los materiales solicitados que mantiene en su posesión.Ahora la dependencia "ha recibido orden de la corte de producir, de manera expedita, los documentos en su posesión. Se ordenó producir la primera ronda comenzando en octubre", puntualizó el texto del Comité.En octubre del 2010 el requerimiento del FOIA, presentado en nombre del periódico estadounidense Liberación, solicitó los documentos sobre los pagos a los periodistas entre 1998 al 2002."Es evidente que el gobierno manipuló la opinión pública para avanzar sus fines políticos y de procesamiento. Esta demanda legal busca los materiales relevantes. Ellos no tienen derecho de esconder su mala conducta", advirtió el abogado Carl Messineo, director legal del PCJF, cuando la demanda legal fue radicada ante la corte.Según la investigación, los reporteros trabajaron —o trabajan— para diferentes órganos de prensa en esa ciudad del sur de Florida como son, The Miami Herald, El Nuevo Herald, Diario Las Américas y varias estaciones de radio y de televisión.Los Cinco fueron arrestados el 12 de septiembre de 1998. El juicio de siete meses, considerado entonces el más extenso en la historia de Estados Unidos, comenzó en noviembre del 2000 y terminó en junio del 2001.Inculpados de cargos no probados, estos hombres dieron seguimiento a grupos violentos asentados en el sur de Florida, dedicados a organizar acciones terroristas, como las que han ocasionado más de cinco mil víctimas fatales e incapacitados en Cuba, durante más de medio siglo.Precisamente, el caso está pendiente de la decisión de Joan Lenard, jueza de primera instancia, sobre una petición que se hizo a favor de Los Cinco, por cada uno de ellos en cuanto a valorar violaciones constitucionales que existieron en el proceso penal.El denominado Habeas Corpus o procedimiento extraordinario es el recurso que espera respuesta, ante la aparición de una nueva evidencia. Opinión de experta Con el Habeas Corpus, comentó en entrevista exclusiva Nuris Piñero, abogada de las familias de Los Cinco, “estamos argumentando el pago a periodistas (de Miami) por autoridades de Estados Unidos, concretamente por el Gobierno de Estados Unidos.”Recordó que a ellos se les negó la información sobre lo que se dijo que se tenía en su contra, al clasificarse bajo la ley de procedimiento de la información clasificada que le proporcionó a la fiscalía la oportunidad de dar sólo una cantidad ínfima de esos archivos.Sin embargo, añadió, en los medios locales se estuvo publicando constantemente sobre el caso.“Cómo era posible que un periodista pudiese publicar y entonces ni los acusados ni sus defensores tuvieran esa información. De algún lugar tuvo que haber salido. De dónde, si tenían aplicada una ley que impedía el acceso a esos documentos. Evidentemente de su tenedor, la fiscalía”, subrayó la jurista.Con ese accionar, la fiscalía violó principios elementales que existen en cualquier Estado cuando está juzgando a una persona criminalmente, que es el principio de legalidad.La fiscalía es el conductor, el velador, el responsable de que exista legalidad en un caso en el que está incriminando a determinada persona, sea quien fuere, y haciendo un uso excesivo del principio de publicidad, entonces, aparentaron que eran medios de prensa, periodistas que estaban interesados en ese caso.¿Por qué entonces tanto interés de medios locales y no de los grandes medios? ¿Cómo buscamos una justificación en un país cargado de sensacionalismo?, se preguntó la experta.“Es clara la actuación del gobierno y lo importante que se está recalcando aquí es que ese actuar de la fiscalía, utilizando a la prensa, no es otra cosa que violación del debido proceso y del derecho a la defensa”, insistió.En cualquier caso, con menos que esto habrían decretado la inmediata libertad de Los Cinco, porque es un caso viciado. Además, el gobierno no podía contratar como hizo ilegalmente, a estos periodistas, subrayó Piñero.

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