María Isabel Alfonso: La Helms-Burton es “un gesto de intromisión”.

Tomado de Progreso Semanal

NUEVA YORK. María Isabel Alfonso es profesora de español y cultura cubana en St. Joseph’s College, Nueva York, y fundadora de Cuban Americans For Enagegement (CAFE), una organización que ha desempeñado un papel importante en el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sus investigaciones se han centrado en las intersecciones entre Cuba y el Caribe en cuanto a estéticas y política.

Desde su perspectiva como académica, aceptó responder algunas de nuestras preguntas sobre la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton por parte del gobierno estadounidense a Cuba.

¿Cree Ud. que aplicarán el artículo III de la H-B? Si es así, ¿por qué ahora?

Desde que se codificó la Ley Helms-Burton en 1996, los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, dentro de sus respectivos mandatos, han rechazado cada seis meses su implementación debido a la presión internacional y la impopularidad de la misma. La actual nefasta coalición de fuerzas antiprogresistas y anticubanas dentro de la actual administración, con John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional quien, secundado por el Secretario de Estado Mike Pompeo, se ha referido a Cuba, junto con Nicaragua y Venezuela, como integrantes del “eje del mal”, y ahora, de una “troika de tiranía”, explica el nuevo curso de acontecimientos que anuncia la suspensión por 45 días, en lugar de por 6 meses.

Con respecto a si se implemente o no, todo depende del desenvolvimiento actual de los hechos en la región, y del peso que la Administración le dé a políticas desinformadas y peligrosas que ponen en juego la propia estabilidad económica y política internas.

Aplicarla ahora pudiera tener un doble propósito: aumentar la presión sobre Cuba como parte de su política hacia la región, y electoral doméstica, destinado a las elecciones presidenciales de 2020. ¿Qué piensa sobre esto?

La aplicación de la ley sería en efecto parte de una estrategia de presión externa hacia Cuba, mientras internamente, buscaría captar a un sector más retrógrado y minoritario del electorado cubano-americano de cara a las elecciones del 2020. Sin embargo, en un momento en que Estados Unidos parece estar más aislado que nunca dentro de la región, esperemos que los responsables de tomar una decisión como esta reconozcan que no es factible la implementación de tan obtusa ley.

La actual administración tiene ya suficiente con la situación en Venezuela, la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones, y la posibilidad de un nuevo cierre de gobierno ante el caso nulo del congreso a las pataletas del presidente para obtener presupuesto para su muro. Esperemos que sepan sopesar prioridades y entender que no les conviene complicar más las cosas con la implementación de una ley que ha recibido repulsa unánime, no solo en la región, por parte de México y Canadá, sino también por los países integrantes de la Unión Europea.

Desde el punto de vista legal, ¿significa una violación del derecho internacional y de las propias leyes norteamericanas?

El Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act (Libertad) o Helms Burton, constituye una violación a las prácticas del derecho internacional. Desde su creación en 1996, México y Canadá trabajaron con miembros de la Organización de Estados Americanos para refrenar la legislación americana y el propio Comité Jurídico de esta institución estableció unánimemente que los fundamentos de la ley eran opuestos al Derecho Internacional, lo cual ha quedado evidenciado en las reacciones en contra de la misma en las Naciones Unidas, y en general, y en la comunidad internacional.

El título III, específicamente, da el derecho a ciudadanos norteamericanos (incluyendo a quienes así no lo fueran durante el momento de la confiscación) a presentar demandas en tribunales locales de los Estados Unidos contra individuos y empresas involucradas en negociaciones (“tráfico”, tal como consta en el lenguaje de esta ley), en territorio cubano que cuenta como propiedad confiscada.

La ley ha sido percibida como un gesto de intromisión que atenta contra la soberanía de países involucrados en dinámicas de comercio con Cuba. Contraviene incluso el espíritu del libre intercambio comercial reflejado en el actual Acuerdo Comercial de América del Norte (T-MEC; UMSCA, por sus siglas en inglés), en que se promueven, al menos en la letra, “buenas prácticas regulación” para fomentar el crecimiento económico y el intercambio comercial” entre sus miembros. La Helms-Burton, al penalizar extraterritorialmente a miembros del Acuerdo, se coloca en una posición de antagonismo que no será bien recibida, ni por los miembros del tratado, ni por sus homólogos europeos y asiáticos.

¿Puede prever reacciones de los países afectados? Hay algunos, como Canadá, que en su momento aprobaron leyes antídotos.

Canadá ha elaborado, incluso antes de la Helms-Burton, leyes que frenan el alcance de legislación norteamericana contra el comercio con Cuba. Tal es el caso de la Foreign Extraterritorial Measures Act (1985); la Foreing Extraterritorial Measures Order (FEMA; 1992); y el CBO o Canadian Blocking Order —destinada a contrarrestar el Cuban Democracy Act de 1992—, y transformada después, a raíz de la Helms-Burton, en la Amendment Blocking Order o FEMA Order, de 1996. Estas leyes autorizan al Fiscal General de Canadá a emitir ordenanzas para bloquear medidas extraterritoriales que afectan el comercio internacional y que infringen la soberanía canadiense.

México, por otra parte, ha estipulado leyes similares como la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional, la cual, desde su entrada en vigor el 23 de octubre de 1996, prohíbe actos que atentan contra el comercio o la inversión, como consecuencia del acatamiento a leyes extraterritoriales.

Países integrantes de la Unión Europea se han opuesto en foros internacionales, y a través de regulaciones varias, a la inconstitucionalidad de la Helms-Burton. Es de preverse que con la desaparición de la Posición Común y la adopción del Acuerdo sobre Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) por parte de la Unión Europea y de Cuba, sólo se radicalizaría la oposición de la región a la aplicación de esta ley.

¿Cómo será la reacción de los reclamantes norteamericanos conocidos que se verían afectados?

No dudo que entre quienes perdieron propiedades en Cuba, haya algunos que apoyen la implementación de una ley tan desubicada como esta, que no sólo viola las convenciones del derecho internacional, sino factores prácticos de peso histórico. No obstante, uno sólo podría esperar que la mayoría dentro de este grupo minoritario se dé cuenta de que esta ley solo entorpecería acuerdos de compensación por vías diplomáticas, que siempre van a resultar, a la larga, mucho más realistas y efectivos.

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